Stop pseudociencias es una campaña de denuncia sobre los riesgos de las llamadas terapias alternativas. La denominación engloba remedios muy diversos, que van desde el simple curanderismo a la venta de productos sin ningún tipo de garantía. Se trata de supuestos actos de curación que tienen en común la falta de evidencia. A veces, se comercializan bajo el nombre de medicinas complementarias. Pero el calificativo lo rechaza la mayoría de los profesionales de la salud. Porque supone equipararlos a la medicina tradicional y, en realidad, tienen poco que ver con ella. Las intervenciones y técnicas que se consideran como pseudociencias se reseñan en el enlace.
Las terapias alternativas son ineficaces, si bien no suelen conllevar un peligro en sí mismas. No obstante, suponen un serio engaño a nivel moral moral y económico; este último de importancia, en ocasiones. El problema más grave de su uso es si se ofrecen como una opción para la curación de patologías de gravedad. En tal caso, la renuncia a un tratamiento más eficaz es perjudicial en extremo. En los medios se informa esporádicamente de consecuencias trágicas; valga como ejemplo esta noticia.
Stop pseudociencias: no más impunidad
Los sanitarios comprometidos con su profesión reprueban estas actuaciones, carentes de ética y de rigor. La etiqueta «Stop pseudociencias» reúne en Twitter testimonios sobre falsos procedimientos y revelan sus perjuicios. Asociaciones sanitarias y sociedades científicas han manifestado al Ministerio de Sanidad su preocupación ante los hechos. Y solicitan una normativa que proteja los derechos del enfermo y sus familias y evite la impunidad de quienes infringen las leyes en el ámbito sanitario.
El protocolo de actuación contra estos fraudes ya se encuentra en marcha. Sanidad lo ha elaborado en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se denomina Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudociencias. Y se ha presentado en colegios profesionales. Es de esperar que las disposiciones entren pronto en vigor. La protección de la salud: un bien esencial y ha de prevalecer ante los intereses que atentan contra la seguridad de la misma.
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