Medicamentos: ¿derecho humano o negocio? es el título de un libro de varios autores publicado por la editorial Díaz de Santos. Su contenido pone de manifiesto el perjuicio que causa el sistema de patentes. Las compañías farmacéuticas gozan de un monopolio sobre sus productos y este les cubre la exclusiva de su uso a lo largo de un periodo de veinte años. Se trata de un hecho que veda el acceso a los fármacos a un gran volumen de población. Y no es justo. No hay duda de que, en una sociedad de libre mercado, la obtención de beneficios por una actividad comercial es legítima. Las empresas defienden que de ello depende el futuro de la investigación y su desarrollo. Sin embargo, se ha cruzado el límite razonable de esta condición.
Un ejemplo más que evidente es el del fármaco Sovaldi, eficaz contra la hepatitis C, cuyo desorbitado generó un encendido debate. Las farmacéuticas no se caracterizan por ser transparentes en sus resultados económicos. No obstante, se estima que el coste real del medicamento en realidad no supera los 150 euros; por el contrario, el tratamiento por individuo alcanza los 30.000. Teniendo en cuenta la inversión realizada, unos 1.000 millones de euros, el gasto se amortizó en el primer mes de su venta.
Medicamentos: ¿derecho humano o negocio? Algunos datos
La mayoría de las farmacéuticas son firmas internacionales. Hasta 1984, las medicinas se consideraban un bien esencial, lo que impedía que se les aplicara el sistema de patentes. Pero ese mismo año, en los Estados Unidos, se produjo un cambio a nivel legal que favoreció con creces a las grandes corporaciones. Posteriormente, la Organización Mundial del Comercio extendió la medida al resto del mundo.
Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el mercado farmacéutico supera en ganancias al de las telecomunicaciones. Y es que, por cada euro que invierten, obtienen mil euros de beneficio. En lo que respecta al argumento del coste de la investigación, los gobiernos y los consumidores financian hasta el 84% del mismo, según dicha federación. Y solo el 12% restante le corresponde a las empresas. En este enlace se puede ver más información. No hay duda de que el libro pone el foco sobre un asunto de indudable interés social.
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